Cuando usted visita una tienda en la que se venden neveras en Puerto
Rico, como hicimos nosotros en estos días, verá que todos los modelos tienen
adherida una tarjeta con información sobre sus características de capacidad,
mecanismo de deshielo y otras amenidades, así como unos datos sobre su consumo
de energía. Estos datos incluyen un
estimado de costos anuales en consumo de electricidad, en kilovatios y en
dólares, y su posición entre modelos comparables en el mercado. La tarjeta
presenta, además, claras advertencias de la prohibición existente sobre remover
esa tarjeta antes de la venta de la nevera. Esas advertencias aplican en los
Estados Unidos y en Canadá, y están claramente explicadas en los idiomas inglés
y francés. El vendedor de la tienda, por su parte, nos explicó claramente el
contenido y significado de todo lo impreso en la tarjeta. Le preguntamos si
acaso a su tienda, o al fabricante de la nevera, no les parecía que esa tarjeta
constituía una intromisión indebida del gobierno en su negocio y en la gestión
de compra y venta de neveras. Nos contestó que no, que todo lo contrario. Esa información,
nos dijo, le permitía al fabricante demostrar las ventajas competitivas de su
producto frente a los de la competencia. A él, por su parte, le ayudaba a tener
en el inventario de su tienda aquellas neveras con las mejores características
para la venta. Al cliente potencial, nos añadió, le permitía escoger el
producto que más le convenía. Nos pareció muy lógico lo que nos dijo. Le
compramos, por cierto, una nevera.
En estos días se está trabajando en el Senado de
Puerto Rico un proyecto de ley que establecería el derecho de una madre
embarazada a preguntar, y obtener la respuesta, sobre la tasa de cesáreas que
tiene el obstetra que la atiende y el hospital dónde éste le atenderá el parto.
Un proyecto similar se aprobó por la Cámara y el Senado de Puerto Rico en el
2008. Lamentablemente, sufrió el trágico fin de un veto de bolsillo por el
gobernador de entonces. Se opusieron a este proyecto tanto el Colegio Médico de
Puerto Rico, presidido tanto entonces como ahora por el doctor Ibarra, y la
Secretaria del Departamento de Salud de aquel entonces. ¿Cómo es posible, cabe
la pregunta, que al comprador de una nevera se le tenga que dar información
sobre el producto que interesa comprar, pero a la madre embarazada que compra
servicios médicos para cuidar de la salud y la vida tanto de ella como de su
bebé, los médicos y los hospitales no tengan que darle un dato tan básico como
la magnitud del riesgo de que su parto termine con cirugía mayor y no mediante
un parto vaginal? Si hay un país en el mundo en que ese derecho no debiera
cuestionarse, es el nuestro, donde tenemos una tasa de cesáras entre las más
altas del mundo, 46.3%, casi la mitad de las embarazadas. Peor aún es ese dato
cuando lo comparamos con la recomendación internacional de la Organización Mundial
de la Salud, la cual recomienda que ningún país debe tener una tasa de cesáreas
superior al 15%. O sea, 2 de cada 3 cesáreas en Puerto Rico tienen una validez
cuestionable, y encima las madres no tienen derecho a obtener la información
sobre la práctica del obstetra y el hospital que la atienden.
Recordamos a nuestro amigo de la tienda de
neveras. Los fabricantes, y los vendedores, de neveras ofrecen con gusto esos
datos sobre su producto como una prueba de la superioridad de éste frente a la
competencia. Los obstetras y los hospitales debieran hacer lo mismo si piensan
que están haciendo las cosas bien. De hecho, la recomendación actual del
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), en sus políticas sobre
calidad y seguridad para las madres, dice que esta información debiera estar
disponible de forma transparente por todos los componentes del sistema de
servicios de salud reproductiva. Esconder esos datos y oponerse al recurso
legal, el que le queda disponible a la comunidad, levanta la sospecha de por
qué no quieren decir las estadísticas de cesáreas que realizan los obstetras y
los hospitales. ¿A qué le temen? ¿Qué esconden? Exhortamos a todas las madres y
a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que creen en la verdad y la
transparencia en la prestación de servicios de salud a que apoyen este proyecto
y hagan sentir la fuerza del pueblo sobre los políticos para que no les tiemble
el pulso ante las presiones de los grupos de interés.
José J. Gorrín Peralta, MD, MPH, FACOG, FABM
Ana M. Parrilla Rodríguez, MD, MPH, FABM, LCCE
2 comentarios:
Hola,
Después de 10 años de haber padecido una cesárea, estoy embarazada nuevamente y mis médicos se niegan a un VBAC, alegando que el útero esta lastimado. No deseo volver a sufrir la recuperación de una cesárea, pero los médicos que he llamado no practican el VBAC.
Me parece inconcebible que siendo yo la que esta pagando los servicios, siendo el VBAC una practica aprobada con un 70% de éxito y siendo yo quien va a tener que lidiar con dos niños, un trabajo y una herida de cesárea, no pueda seleccionar cómo quiero traer mi hijo al mundo.
¿Qué otras opciones existen para mí?
Hola! Se como te sientes y es una situación muy frustrante. Desafortunadamente muchos médicos no hacen partos vaginales después de una cesárea, en contra de las recomendaciones de ACOG. En Puerto Rico hay algunos obstetras que sí te va ayudar a intentar un parto vaginal después de una cesárea. Los residentes de obstetricia y ginecología del Hospital Municipal de San Juan y del Hospital Universitario (UDH) si hacen partos vaginales después de una cesárea y son una excelente opción. Si deseas nombres de obstetras en práctica privada escríbeme a aparrilla@draparrilla.com.
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