El diccionario de la Real Academia Española define terrorismo como la “dominación por el terror” o “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Nosotros usamos el término terrorismo obstétrico para definir la dominación por el terror que usa la clase obstétrica contra las mujeres privándolas de información verdadera y científica que les permita tomar decisiones informadas libres de coerción. El terrorismo obstétrico incluye además los actos de violencia ejecutados para infundir terror, entre ellos las violaciones a los derechos y la atención mecanizada, tecnocrática, impersonal y masificada del parto.
La clase obstétrica y sus portavoces previenen sobre los incidentes, escasos por cierto, que ocurren bajo el cuidado de las parteras pero no hablan de los frecuentes casos de mortalidad y morbilidad infantil y materna que ocurren en nuestro país debido a la medicalización excesiva del embarazo y el parto. Los servicios a la maternidad en Puerto Rico están controlados, de forma monopólica, por los obstetras. Los planteamientos de los representantes de la clase obstétrica contienen dos errores fundamentales. El primero es partir de la premisa falsa que los servicios que rinden los obstetras son superiores a los que rinden las parteras. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido, desde 1985, que el proveedor idóneo para la atención al embarazo y el parto normal es la partera, no el obstetra, pues los resultados producidos por las parteras en los países del mundo con los mejores indicadores de mortalidad perinatal, mortalidad infantil y mortalidad materna son superiores a los producidos por los obstetras.
Los resultados en Puerto Rico presentan resultados similares. La medicalización indiscriminada de la atención al parto ha producido en Puerto Rico una tasa de cesáreas tres veces mayor que la recomendada internacionalmente (46.2% en 2010), una tasa de nacimientos prematuros de 16.7%, y una tasa de bajo peso al nacer de 12.6%. Somos, de hecho, la única jurisdicción de los Estados Unidos en que la tasa de bajo peso al nacer es la primera causa de mortalidad infantil. El modelo médico- obstétrico en Puerto Rico ha fracasado en producir unas tasas adecuadas en estos indicadores vitales de salud.
El modelo de partería no es, como pretenden presentar los representantes de la clase obstétrica, un modelo obsoleto e inferior al modelo médico. Las parteras han demostrado en todos los países del mundo en que se desempeñan, incluidos los países desarrollados como Estados Unidos y los países de Europa, que logran resultados superiores de salud reproductiva, proveen un servicio humanizado y centrado en la mujer, y a un costo inferior para los sistemas de salud. La partería no es regresar al pasado; es, por el contrario, permitir que Puerto Rico se inserte en las corrientes modernas y superiores del siglo XXI para la atención al embarazo y el parto.
La partera, no importa su linaje (partera profesional certificada, partera de entrada directa, enfermera partera, etc.), es el proveedor idóneo para atender el 85% de los partos. Debe tener cobija legal para que pueda dar servicios a las mujeres en donde ellas quieran, ya sea en su hogar, en un centro de parto o en el hospital. Una de las profesiones más viejas del mundo, la cual ha sido siempre autónoma, no puede estar supeditada a los caprichos y prácticas de otra profesión. Se debe trabajar en un ambiente de colaboración pero no en uno de dominio y control por parte de la clase médica. La partería no es la práctica de la medicina, su modelo es uno basado en el hecho de que el embarazo y el parto son procesos normales de la vida.
En el siglo 21 NO se puede amenazar con que se quiere ser los primeros en Puerto Rico en encarcelar parteras. No estamos en la Inquisición, en donde se quemaron cientos de miles de parteras por el mero hecho de ser sanadoras, conocedoras de las necesidades de las mujeres y la comunidad. La Inquisición fue un penoso episodio de nuestra historia; parece que algunas personas se olvidan de esto. Las mujeres puertorriqueñas no van a permitir este abuso. Ni la clase obstétrica ni sus abogados y abogadas van a poder contra la fuerza moral y los derechos de las mujeres y las parteras.
La posición de la clase obstétrica no representa la opinión de los médicos que creemos en el derecho de las mujeres embarazadas a servicios de excelencia, humanizados y económicamente sostenibles. Señoras y señores obstetras: es hora de honrar el juramento de Hipócrates y el principio de Claudio Galeno: Primum non nocere (primero no hacer daño). Los médicos y las médicas nos debemos a nuestras pacientes y a sus mejores intereses. Los partos son de las mujeres, ellas tienen el derecho a recibir cuidados humanizados y de parir donde quieran, como quieran y con quien quieran. El estado tiene la obligación de garantizar y proteger ese derecho. BASTA YA DE TERRORISMO OBSTÉTRICO Y COERCIÓN NO DISIMULADA.
Ana M. Parrilla Rodríguez, MD, MPH, FABM, LCCE
José J. Gorrín Peralta, MD, MPH, FACOG, FABM
